Este martes, un grupo de familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel se manifestó sobre Camino al Batán, en Puebla, para denunciar presuntos actos de corrupción, extorsión y venta de drogas al interior del centro penitenciario.
De acuerdo con los inconformes, algunos internos ejercen control dentro del penal mediante “cobros de piso”, exigencias económicas para permitir el uso de espacios básicos e incluso cuotas para garantizar la seguridad de los reclusos. Señalaron que quienes no pueden pagar son víctimas de amenazas o agresiones.
Los familiares aseguraron que estas prácticas se han normalizado y que existe “autogobierno” dentro del penal, situación que —según dijeron— pone en riesgo la integridad de los internos y afecta también a las familias, quienes son presionadas para entregar dinero de forma regular.
Asimismo, denunciaron la presunta venta de drogas entre los mismos internos, lo que agrava la situación de violencia y genera disputas que han derivado en riñas y constantes conflictos.
Los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades estatales para frenar estas prácticas, realizar investigaciones internas y garantizar que el sistema penitenciario opere con legalidad y respeto a los derechos humanos.
Hasta el momento, señalaron que están en espera de una respuesta formal por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes solicitaron auditorías, revisión del personal y la implementación de medidas que restablezcan el orden dentro del penal.
